Una de las varias medidas ya anunciadas por el Gobierno, en el ámbito del combate a la crisis habitacional, está destinada a la seguridad de los propietarios de casas alquiladas, a través del pago de los alquileres en mora a partir del tercer mes de impago, quedando asegurado no sólo este pago, sino también el desalojo de los inquilinos. Sin embargo, en caso de que exista una razón social para el retraso en el pago del alquiler, el Estado también será responsable de la resolución de esa situación.
¿Cómo funciona esta medida?
Según el Gobierno, esta ayuda se aplicará siempre que el propietario denuncie la situación con una solicitud al "Balcão Nacional de Arrendamento" (Ventanilla Nacional de Arrendamiento), con el fin de obtener garantías sobre el impago de sus inquilinos. Así, tendrá que ser el propietario quien denuncie la situación de incumplimiento, con la entrada de una solicitud de desahucio, para que se pueda dar el seguimiento necesario.
¿Qué ocurre después?
Una vez activado el mecanismo, se evalúan los motivos del impago para conocer las causas. Si se debe a algún tipo de necesidad económica, el Estado dará una respuesta social. Sin embargo, si no hay justificación, se inicia el proceso de desahucio, de forma rápida, a través del Sistema Nacional de Alquiler.
¿Cómo se cobra la deuda?
Después de evaluar la situación económica del inquilino, el Estado puede cobrar la deuda a través de los medios legales de que dispone. Em caso de insuficiência financeira, será garantida a articulação com a Segurança Social para prestar apoio à família. En situaciones de desahucio, se garantiza mediante instancias judiciales.
Sólo el año pasado se presentaron dos mil demandas de desahucio por incumplimiento y el Primer Ministro confirmó que "después de tres meses de incumplimiento en el pago del alquiler, el Estado sustituye al inquilino para que el propietario no se vea perjudicado", asumiendo la responsabilidad del cobro del alquiler en mora.
No se admitirán abusos, y ya se ha confirmado que si un propietario activa este mecanismo en una situación en la que el inquilino presenta pruebas de cumplimiento, con rentas pagadas puntualmente, se trata de un caso de abuso del sistema y el arrendador estará obligado a pagar "una violenta multa" para que no repita esta ilegalidad.