El objetivo principal del PERSI es evitar que el cliente y el banco tengan que remitir el caso a los tribunales, evitando la burocracia y garantizando una mayor agilidad en el proceso de renegociación del crédito.
El Procedimiento Extrajudicial de Regularización de Situaciones de Incumplimiento (PERSI) es un acuerdo que pretende ayudar a la entidad acreedora y al cliente bancario a llegar a un acuerdo en caso de que se produzca un retraso en el pago de las cuotas del crédito y, en consecuencia, una situación de incumplimiento.
El objetivo principal del PERSI es evitar que el cliente y la entidad bancaria tengan que remitir el caso a los tribunales, evitando la burocracia y certificando una mayor agilidad en el proceso de renegociación del crédito.
Aunque es competencia de la entidad bancaria iniciar este proceso, puede ser el cliente bancario quien lo solicite. En caso contrario, el banco le informará de que el proceso está en curso hasta 5 días después de su inicio.
Puesta en marcha del PERSI: cómo procede el banco
De acuerdo con la información proporcionada por el Banco de Portugal, es la institución acreedora la responsable de iniciar el PERSI, y está obligada a hacerlo:
Tan pronto como el cliente lo solicite;
Entre el 31 y el 60 día después de que el cliente se convierta en moroso;
En cuanto el cliente se retrase en el pago de las cuotas, si ya ha alertado a la entidad del riesgo de impago.
La entidad financiera es responsable de informar al cliente sobre su integración en el proceso PERSI en un plazo máximo de cinco días desde que ésta se produzca.
Utilidad del PERSI
Durante el PERSI, la entidad bancaria debe tratar de conocer la capacidad de respuesta financiera del cliente y, en caso de que éste tenga disponibilidad financiera para ello, preparar una o varias propuestas para regularizar el crédito, como, por ejemplo, consolidar el crédito en uno solo, o reducir las cuotas y aumentar los plazos respectivos.
Las propuestas deben presentarse al cliente en un plazo de 30 días. Después de este plazo, ambas partes tienen 90 días para negociar la propuesta.
Durante el proceso del PERSI, la entidad de crédito tiene prohibido
Ceder el crédito o comunicar su posición contractual a terceros;
Resolver el contrato de crédito únicamente por incumplimiento;
Emprender acciones legales contra el cliente para recuperar el crédito concedido.
Extinción del PERSI
La solución ideal para la extinción del PERSI consiste en el pago íntegro de las cantidades adeudadas por el cliente o en la obtención de un acuerdo entre ambas partes para la regularización del impago.
Sin embargo, el PERSI puede ser rescindido por la entidad bancaria si el cliente no presenta la capacidad financiera para regularizar su impago, si se aplica un embargo o un embargo de los bienes del deudor.
Si no se llega a un acuerdo y las partes no desean prorrogar el periodo de negociación, el PERSI se dará por terminado automáticamente. También expirará si el cliente rechaza las propuestas presentadas o se declara insolvente.
Si ambas partes no están de acuerdo en prorrogar el plazo de 90 días para el PERSI y el proceso continúa después de esa fecha, entonces también se considera terminado.
En caso de rescisión del PERSI, la entidad bancaria pone el caso en manos del juzgado, que dictará la forma de pago de la deuda: embargo de bienes, embargo de cuentas o pago por parte del avalista designado en el momento de la firma del contrato de crédito.
Durante el PERSI, el prestamista tiene prohibido rescindir el contrato de crédito o vender el crédito a terceros.
El cliente del banco se beneficia del hecho de que, durante todo el proceso, la entidad acreedora no puede emprender acciones legales contra él. Tampoco puede cobrar ninguna comisión por el proceso: sólo puede cobrar los gastos que le ocasionen las oficinas de registro o las notarías, por ejemplo.
Este procedimiento también es ventajoso para las entidades financieras, ya que garantiza (casi) siempre que el pago del crédito esté debidamente regularizado. Aunque no pueden cobrar comisiones asociadas al PERSI, sí pueden cobrar a los clientes por el pago de los servicios que están obligados a contratar con terceros.
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